Gino Germani y la protesta social: ¿se puede ordenar una sociedad sin escuchar sus conflictos?
De la movilización de masas a las restricciones de las marchas en la Argentina actual. Una mirada desde la Sociología y la Ciencia Política.
Por el Lic. en Ciencia Política Antonio “Tony” Gallardo
En la Argentina, las marchas, los cortes de calles y las movilizaciones populares forman parte de una discusión que atraviesa nuestra historia: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para garantizar la circulación y el orden público sin restringir el derecho de la sociedad a reclamar?
El debate volvió a ocupar un lugar central con el protocolo antipiquetes implementado por el Gobierno nacional en diciembre de 2023. La medida estableció pautas de intervención de las fuerzas federales ante cortes totales o parciales de rutas nacionales y otras vías de circulación. El Gobierno argumentó que buscaba garantizar el tránsito y el orden público. Sus críticos advirtieron sobre los riesgos para la libertad de expresión, reunión y protesta.
Para comprender esta discusión no alcanza con observar una marcha o contar cuántas personas ocupan una calle. Es necesario preguntarse qué sucede en la sociedad para que miles de personas decidan movilizarse, qué problemas intentan visibilizar y qué respuestas encuentran en las instituciones.
Aquí aparece una figura fundamental de las ciencias sociales argentinas: Gino Germani, el sociólogo que estudió la transformación de la sociedad argentina, la movilización de las masas y los problemas de integración política de los sectores populares.
Su pensamiento nos permite formular una pregunta que sigue vigente: ¿qué ocurre cuando una sociedad atraviesa cambios económicos profundos y sus instituciones no logran procesar las demandas de una parte de la población?
¿Quién fue Gino Germani y por qué sigue siendo importante?
Gino Germani nació en Italia en 1911 y desarrolló gran parte de su trayectoria intelectual en la Argentina. Fue una figura central en la institucionalización de la sociología científica en nuestro país, especialmente desde la Universidad de Buenos Aires, donde impulsó la investigación empírica y el estudio sistemático de la estructura social.
Germani no se limitó a interpretar la política a partir de las declaraciones de los dirigentes. Buscó comprender las transformaciones de la población, las clases sociales, las migraciones, la urbanización y las formas de participación política.
En sus investigaciones, la modernización no era solamente la aparición de fábricas, ciudades o nuevas tecnologías. También implicaba cambios en las relaciones sociales, en las expectativas de la población y en la manera en que los ciudadanos se vinculaban con el poder.
Su análisis de las masas y del peronismo continúa generando debates académicos. Juan Ignacio Trovero, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, revisó esta problemática en un artículo publicado en 2020 por la Revista Mexicana de Sociología. El trabajo estudia la relación entre masas, democratización, élites y restricciones a las libertades individuales en la interpretación germaniana del peronismo.
¿Por qué recuperar estas ideas hoy?
Porque Germani nos invita a mirar detrás del acontecimiento. Una movilización no aparece de la nada: tiene una historia, una composición social, intereses, reclamos y una relación determinada con las instituciones.
La protesta es un hecho político, pero también es un fenómeno social que necesita ser explicado.
Argentina: la construcción de una nación atravesada por conflictos sociales
Para comprender el presente debemos retroceder a los orígenes de la Argentina moderna.
La Constitución de 1853, la organización del Estado nacional durante la segunda mitad del siglo XIX y la consolidación del modelo agroexportador formaron parte de un proceso histórico complejo. El país se integró al mercado mundial mediante la exportación de productos agropecuarios, la expansión de los ferrocarriles y los puertos, la inversión extranjera y la llegada de grandes corrientes migratorias.
Entre 1880 y 1912 se consolidaron instituciones nacionales, creció la economía y se transformó profundamente la sociedad. Sin embargo, el crecimiento no eliminó las desigualdades. La concentración de la riqueza, las diferencias regionales y las dificultades de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida contribuyeron al desarrollo de organizaciones obreras, sindicatos y conflictos laborales. Así lo describe el Museo Histórico Nacional en su material sobre la construcción de la Argentina moderna.
En ese escenario surgieron huelgas, movilizaciones y reclamos por salarios, jornadas laborales y derechos políticos.
La Argentina no nació como una sociedad sin conflictos. Por el contrario, la construcción del Estado, la distribución de la riqueza y la incorporación de nuevos sectores a la vida política fueron procesos atravesados por disputas.
También existieron tensiones entre una dirigencia política restringida y una sociedad que se transformaba con rapidez. La crisis económica y política de 1890 contribuyó a desestabilizar el orden vigente y fue uno de los antecedentes de la formación de la Unión Cívica Radical.
Este antecedente histórico permite establecer una comparación importante: el crecimiento económico y la consolidación institucional no garantizan, por sí solos, la integración social ni la participación política de toda la población.
Una sociedad puede producir riqueza y, al mismo tiempo, mantener sectores que sienten que no participan de sus beneficios o que no encuentran canales eficaces para expresar sus demandas.
De los trabajadores de ayer a los manifestantes de hoy
Germani estudió una Argentina que cambiaba de una sociedad predominantemente tradicional a otra más urbana, industrializada y políticamente movilizada.
La migración interna, el crecimiento de las ciudades y la incorporación de nuevos trabajadores a la vida política modificaron la composición social del país. Las masas no eran simplemente una multitud reunida en una plaza: representaban sectores que buscaban incorporarse a una comunidad política en transformación.
Sin embargo, sería incorrecto afirmar que las protestas actuales son idénticas a las que Germani estudió. Hoy existen otros actores, otras formas de comunicación y nuevas condiciones económicas y laborales.
En el siglo XXI, una movilización puede reunir a trabajadores registrados, desocupados, jubilados, estudiantes, organizaciones sindicales, movimientos sociales y ciudadanos sin pertenencia partidaria.
Las razones también pueden ser diferentes: pérdida de ingresos, conflictos salariales, reclamos previsionales, dificultades de acceso a servicios, rechazo a determinadas reformas o demandas de protección social.
Lo que permite conectar ambos momentos históricos no es la identidad de los manifestantes, sino una cuestión sociológica: la relación entre los cambios en la estructura social, las demandas colectivas y la capacidad de las instituciones para procesarlas.
Desde esta perspectiva, una marcha no demuestra automáticamente que exista una crisis de régimen. Tampoco puede afirmarse que toda movilización represente a la mayoría de la sociedad. Para saberlo hacen falta investigaciones, datos y análisis concretos.
Pero ignorar las causas sociales de una protesta tampoco permite comprenderla.
La problemática socioeconómica: ¿qué expresa una movilización?
Cuando una persona reclama por su salario, su jubilación, su empleo o las condiciones de vida de su familia, su demanda tiene una dimensión económica. Cuando ese reclamo se transforma en una movilización colectiva frente al Congreso, una municipalidad o una casa de gobierno, adquiere también una dimensión política.
Esto ocurre porque las decisiones económicas no son ajenas al Estado. Los impuestos, las jubilaciones, las políticas laborales, los subsidios, el gasto público y los servicios esenciales dependen de decisiones institucionales que distribuyen recursos, obligaciones y oportunidades.
Por eso, desde la Ciencia Política, debemos analizar las dos dimensiones del problema.
La primera es la capacidad del Estado para administrar los recursos públicos, hacer cumplir las leyes y garantizar derechos. La segunda es su capacidad para escuchar demandas, negociar con distintos sectores y evitar que los conflictos se profundicen.
Una política económica puede proponerse estabilizar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, producir costos diferentes para distintos grupos sociales. Evaluar sus efectos requiere observar datos sobre ingresos, empleo, pobreza, consumo y acceso a servicios, además de identificar qué sectores resultan afectados y en qué medida.
En ese contexto, la protesta puede funcionar como un mecanismo de visibilización de problemas que no encuentran respuesta suficiente en otros espacios.
Esto no significa que todas las demandas sean necesariamente justas, que todos los métodos de protesta sean legítimos o que cualquier corte de calle deba quedar exento de regulación. Significa que, para evaluar una movilización, debemos distinguir entre sus causas, sus objetivos, sus métodos y la respuesta del Estado.
Una democracia necesita reglas. Pero también necesita canales de participación que permitan tramitar los desacuerdos sin convertir cada conflicto social en una confrontación permanente.
El protocolo antipiquetes: orden público frente al derecho a reclamar
El 14 de diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció el denominado Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación, aprobado mediante la Resolución 943/2023.
La disposición estableció criterios de actuación de las fuerzas federales frente a obstrucciones del tránsito y contempló la intervención para despejar las vías de circulación.
El argumento oficial se vincula con un derecho concreto: la ciudadanía debe poder circular, trabajar, acceder a servicios y desarrollar sus actividades sin sufrir bloqueos que afecten de manera desproporcionada su vida cotidiana.
Desde esta perspectiva, los cortes prolongados también pueden perjudicar a trabajadores que no participan de las protestas, pequeños comerciantes, personas que necesitan atención médica y usuarios del transporte público.
Sin embargo, existe otra cuestión constitucional: las personas también deben poder reunirse, expresar sus opiniones y peticionar a las autoridades.
El artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a peticionar a las autoridades y a publicar ideas sin censura previa. El artículo 14 bis protege derechos laborales y sindicales, incluido el derecho de huelga. El artículo 28 establece que las leyes reglamentarias no pueden alterar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución.
Por lo tanto, el problema no se resuelve afirmando que la circulación está por encima de la protesta, ni sosteniendo que cualquier manifestación puede desconocer los derechos de terceros.
El desafío institucional consiste en determinar cómo se armonizan derechos que pueden entrar en tensión, mediante reglas legales, criterios de proporcionalidad y controles adecuados sobre el uso de la fuerza pública.
¿Qué ocurrió en la Justicia?
La discusión sobre el protocolo también llegó a los tribunales.
El 29 de diciembre de 2025, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 11 declaró la nulidad de la Resolución 943/2023 en una causa promovida por organizaciones encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales. El fallo cuestionó las competencias utilizadas por el Poder Ejecutivo para establecer esa regulación.
Pero la controversia no terminó allí: el Gobierno apeló y, el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la decisión de primera instancia y consideró válido el protocolo.
Este recorrido judicial es fundamental para comprender el debate actual. No corresponde afirmar que el protocolo quedó definitivamente anulado: la Cámara revocó esa declaración de nulidad.
La discusión jurídica pone de manifiesto dos preocupaciones institucionales. Por un lado, garantizar la circulación y la seguridad de las personas. Por otro, evitar que la regulación de las manifestaciones vacíe de contenido las libertades constitucionales.
En definitiva, la controversia no es solamente policial. También involucra la división de poderes, el alcance de las facultades del Ejecutivo y los límites de la regulación de los derechos fundamentales.
¿Qué nos diría la mirada de Germani sobre esta discusión?
Germani no estudió el protocolo antipiquetes actual ni puede atribuírsele una posición sobre una norma aprobada décadas después de su muerte. Lo que podemos hacer es utilizar sus herramientas conceptuales para analizar el presente.
Su perspectiva permite formular tres preguntas.
Primera: ¿qué transformaciones sociales producen la movilización?
Es necesario investigar qué sectores participan, qué condiciones económicas atraviesan, cuáles son sus demandas y qué cambios se produjeron en sus posibilidades de empleo, ingresos y participación.
Segunda: ¿qué capacidad tienen las instituciones para integrar esas demandas?
La representación política no se agota en las elecciones. También depende de la existencia de organizaciones, sindicatos, partidos, instancias de negociación y mecanismos de participación capaces de procesar desacuerdos.
Tercera: ¿cómo responde el Estado cuando el conflicto llega a la calle?
El Estado puede intervenir para proteger a terceros, restablecer la circulación y prevenir hechos violentos. Pero también debe actuar dentro de la ley, respetar los derechos fundamentales y garantizar que el uso de la fuerza sea necesario y proporcional.
Estas preguntas permiten superar dos simplificaciones frecuentes: considerar que toda protesta es una amenaza al orden o asumir que cualquier forma de protesta está justificada por la existencia de una necesidad social.
El análisis sociológico exige comprender las causas. El análisis político exige evaluar las decisiones institucionales. Y el análisis jurídico debe establecer cuáles son los límites legales de la actuación estatal.
La lección histórica: una nación se construye también mediante sus conflictos
La historia argentina muestra que las disputas por el trabajo, la representación política y la distribución de los recursos acompañaron la formación y transformación del Estado.
Las huelgas de fines del siglo XIX, la ampliación de los derechos políticos, el desarrollo del movimiento obrero y la incorporación de nuevos sectores a la política durante el siglo XX fueron parte de un proceso histórico en el que cambiaron tanto la sociedad como las instituciones.
Eso no significa que el conflicto sea siempre positivo ni que deba permanecer abierto indefinidamente. Significa que los desacuerdos son inherentes a una sociedad plural y que las instituciones democráticas deben contar con herramientas para procesarlos.
La estabilidad política no depende exclusivamente de que las calles permanezcan despejadas. También depende de la confianza en las instituciones, de la capacidad de representación y de la posibilidad de resolver problemas colectivos sin recurrir a la violencia.
Una política de seguridad puede evaluar su desempeño por su capacidad de prevenir incidentes y proteger la circulación. Pero una democracia también debe preguntarse si sus instituciones escuchan las demandas sociales, ofrecen respuestas y permiten que los ciudadanos ejerzan sus derechos.
Ambas dimensiones deben ser consideradas al analizar los resultados de una política pública.
Conclusión: el orden democrático no consiste solamente en evitar los cortes
Volver a Gino Germani es volver a una pregunta esencial de la Sociología Política: ¿cómo se incorpora a la vida institucional a una sociedad que cambia, se diversifica y desarrolla nuevas demandas?
La Argentina actual es diferente de aquella que Germani investigó, pero sigue enfrentando la relación entre transformación económica, desigualdad, participación y legitimidad política.
El debate sobre las marchas masivas no puede reducirse a una disputa entre quienes defienden el orden y quienes reclaman derechos. La cuestión consiste en establecer cómo garantizar la circulación, proteger a terceros, atender los conflictos sociales y respetar las libertades constitucionales.
Porque una democracia no se mide solamente por su capacidad de mantener las calles libres de obstáculos. También se mide por su capacidad de ofrecer respuestas a los problemas que llevan a los ciudadanos a ocuparlas.
Esta es una de las preguntas que la obra de Gino Germani nos ayuda a mantener abierta: cuando una sociedad cambia, ¿sus instituciones logran acompañar esa transformación o se limitan a administrar sus consecuencias?
Desde Momento Político, sostenemos una premisa de análisis: no alcanza con leer el título de una medida ni con observar las imágenes de una marcha. Hay que estudiar sus causas, revisar las normas, contrastar los datos y comprender las relaciones entre sociedad y Estado.
Porque analizar la política es, ante todo, intentar comprender cómo vivimos juntos, cómo distribuimos nuestros recursos y cómo resolvemos nuestras diferencias.
Esto es Momento Político: acá no solo leemos títulos, también analizamos los procesos sociales, las decisiones del poder y sus consecuencias para la ciudadanía.
FUENTES:
1. Gobierno nacional — Protocolo antipiquetes. Texto oficial del anuncio del 14 de diciembre de 2023. Consultar Argentina.gob.ar.
2. Juan Ignacio Trovero — “Gino Germani y el problema de las masas”. Revista Mexicana de Sociología, Universidad Nacional Autónoma de México, 2020. Leer el artículo académico.
Revista Mexicana de Sociología
3. Museo Histórico Nacional — “La construcción de la Argentina Moderna”. Material histórico sobre la modernización, la inmigración, el modelo agroexportador y el surgimiento del movimiento obrero. Consultar la fuente.
Museo Histórico Nacional
4. Argentina.gob.ar — Institucionalización del poder político (1880-1916). Antecedentes sobre la consolidación del Estado nacional, la crisis de 1890 y la transformación del sistema político. Consultar el material histórico.
5. Constitución de la Nación Argentina. Texto oficial, especialmente artículos 14, 14 bis y 28. Consultar la Constitución Nacional.
6. Poder Judicial — Fallo sobre la Resolución 943/2023. El 31 de marzo de 2026, la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó la declaración de nulidad de primera instancia. Consultar el fallo y su análisis jurídico.
Comentarios