Omar Lattanzio cuestionó el transporte público, pidió explicaciones por el boleto y reclamó obras para Comodoro

El concejal de Comodoro Rivadavia criticó la postergación de los 26 colectivos que faltan incorporar al sistema, puso en duda el impacto de un aumento tarifario y reclamó controles ambientales para los proyectos vinculados a la Zona Franca. También habló del astillero, de la causa por presuntas irregularidades en viviendas del IPV y de la construcción de su partido político.

Por el Lic. en Ciencia Política Antonio “Tony” Gallardo

En una entrevista con Momento Político, el concejal de Comodoro Rivadavia Omar Lattanzio abordó varios de los temas que atraviesan la agenda política, económica y social de la ciudad. El transporte público, el costo del boleto, las obras provinciales, el desarrollo productivo y las dificultades que enfrentan las familias para acceder a una vivienda fueron algunos de los ejes de la conversación.

Durante el diálogo, el edil cuestionó decisiones del Ejecutivo municipal, reclamó mayor información sobre los contratos públicos y planteó la necesidad de discutir qué modelo de ciudad se quiere construir para los próximos años.

Detrás de sus declaraciones aparece una pregunta central para la Ciencia Política: ¿cómo se evalúa una gestión de gobierno? ¿Por los anuncios y las promesas o por los resultados concretos que recibe la ciudadanía?

Transporte público: 26 colectivos que todavía faltan incorporar

Uno de los principales cuestionamientos de Lattanzio estuvo dirigido al convenio que posterga la incorporación de las 26 unidades restantes del transporte público urbano.

Según la información publicada sobre el contrato, el sistema comenzó a funcionar con 95 colectivos, mientras que el esquema previsto contempla alcanzar las 121 unidades. La modificación propuesta establece como fecha límite para completar la incorporación el 30 de abril de 2028.

El concejal manifestó su rechazo a la extensión del plazo y sostuvo que el Ejecutivo municipal no brindó explicaciones suficientes sobre los motivos de la decisión.

“¿En qué beneficiamos a la ciudadanía?”, planteó durante la entrevista, al referirse a las demoras que, según los reclamos de los usuarios, se producen en distintos recorridos.

Lattanzio señaló que, aunque las nuevas unidades ofrecen mejores condiciones de comodidad y accesibilidad, la reducción de la flota disponible repercute en las frecuencias y en los tiempos de espera.

También mencionó las dificultades que enfrentan estudiantes y trabajadores que regresan a sus hogares durante la noche, así como los cambios en las paradas y los recorridos.

El debate no es menor. El transporte público no representa solamente un servicio comercial: constituye una herramienta que permite acceder al trabajo, la educación, la salud y otras actividades cotidianas.

Por eso, cuando el servicio presenta dificultades, sus consecuencias no se distribuyen de la misma manera entre todos los habitantes. Quienes tienen un automóvil o pueden pagar un transporte alternativo cuentan con otras opciones. Quienes dependen exclusivamente del colectivo quedan más expuestos a las deficiencias del sistema.

La discusión sobre los 26 colectivos, entonces, también es una discusión sobre el derecho a la movilidad y la calidad de vida de los vecinos.

El aumento del boleto: ¿cuánto debe pagar el usuario?

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la actualización tarifaria del transporte público.

Lattanzio cuestionó el incremento que, según explicó, llevaría el boleto a aproximadamente 2.400 pesos y aseguró que no había recibido la documentación necesaria para analizar cómo se llegó a ese valor.

El edil pidió conocer la estructura de costos, la recaudación del sistema y el impacto de los ingresos provenientes de la tarjeta SUBE sobre los subsidios municipales.

“¿Cómo llegaron a ese importe de 2.400?”, preguntó, al explicar por qué considera necesario contar con información antes de acompañar un aumento.

También sostuvo que no estaría dispuesto a respaldar una suba aplicada de una sola vez y planteó la posibilidad de evaluar un incremento gradual.

Su argumento se apoya en una cuestión concreta: el costo del servicio debe analizarse junto con la calidad de la prestación y la capacidad económica de los usuarios.

Para las familias que utilizan el colectivo todos los días, una modificación tarifaria representa un gasto que se acumula durante el mes. Si una persona necesita varios viajes diarios para trabajar o estudiar, el impacto puede ser considerable.

Sin embargo, para determinar si el precio propuesto es razonable también es necesario conocer los costos efectivos de funcionamiento, los kilómetros recorridos, la recaudación y el aporte del Estado municipal.

La discusión requiere información pública, criterios verificables y explicaciones claras tanto del Ejecutivo como de la empresa concesionaria.

Una mirada desde la Ciencia Política: gestión, transparencia y rendición de cuentas

El planteo permite recuperar una idea del politólogo estadounidense Robert Dahl, uno de los principales referentes de la teoría democrática contemporánea.

En sus trabajos sobre democracia y participación, Dahl destaca la importancia de que los ciudadanos puedan acceder a información, expresar sus demandas e intervenir en la vida pública.

Desde esa perspectiva, una audiencia pública no debería ser un simple trámite administrativo. Debe servir para que los vecinos planteen sus problemas y para que las autoridades expliquen sus decisiones.

En el caso del transporte de Comodoro Rivadavia, la discusión no termina con determinar cuánto costará el boleto. También exige responder preguntas fundamentales: ¿qué servicio se está pagando?, ¿qué compromisos asumió la concesionaria?, ¿cuándo se incorporarán las unidades faltantes? y ¿cómo se controla el cumplimiento del contrato?

La rendición de cuentas es un componente esencial del gobierno democrático. Un estudio de Pamela Cáceres, publicado en la revista Estado Abierto del Instituto Nacional de la Administración Pública, analiza precisamente cómo los mecanismos de seguimiento y evaluación de las gestiones locales pueden fortalecer la participación ciudadana y la responsabilidad de los gobernantes.

La conclusión es clara: los vecinos no solamente necesitan que se tomen decisiones; también necesitan conocer sus fundamentos y poder evaluar sus resultados.

El gobernador y las obras para Comodoro: promesas frente a resultados

Durante la entrevista, Lattanzio también cuestionó las declaraciones del concejal Martín Gómez sobre la gestión del gobernador de Chubut y su contribución a Comodoro Rivadavia.

El edil consideró que se habían anunciado numerosas obras, pero que todavía faltaban resultados concretos para la ciudad. Entre los temas mencionados estuvieron el acueducto, el Canal de la Roca y distintas intervenciones de infraestructura.

Sus críticas apuntaron, además, a la necesidad de distinguir entre los anuncios políticos y las obras efectivamente ejecutadas.

“Prometer, prometió, pero todavía no hizo nada”, sostuvo al expresar su desacuerdo con la valoración de la gestión provincial.

Estas afirmaciones corresponden a la posición política del concejal y requieren contrastarse con los registros oficiales de obras, los presupuestos, los plazos de ejecución y las certificaciones correspondientes para evaluar cada caso.

Desde una mirada política, la discusión muestra cómo las obras públicas también funcionan como instrumentos de legitimación. Los gobiernos buscan mostrar resultados para justificar sus decisiones, mientras que la oposición intenta demostrar las diferencias entre los compromisos asumidos y su cumplimiento.

El desafío para la ciudadanía es poder distinguir entre la comunicación política y los resultados verificables.

Zona Franca: desarrollo económico con controles ambientales

Otro de los asuntos abordados fue la posible expansión de actividades productivas vinculadas a la Zona Franca y la utilización de espacios costeros.

Lattanzio pidió que se realicen estudios antes de avanzar con proyectos que puedan afectar el ambiente o modificar el uso de sectores de la costa.

Durante la entrevista mencionó una iniciativa vinculada a la producción de salmón, la utilización de unas 55 hectáreas y la necesidad de conocer la opinión de los vecinos que podrían verse afectados.

El concejal sostuvo que no acompañará una propuesta sin contar previamente con información suficiente sobre sus consecuencias ambientales y territoriales.

Su posición pone sobre la mesa una discusión importante para Comodoro: la diversificación económica es una oportunidad, pero debe evaluarse en función de sus beneficios, sus costos y sus efectos sobre la comunidad.

La generación de empleo no debería presentarse como una razón para evitar los controles. Del mismo modo, la preocupación ambiental no debería impedir automáticamente el análisis de proyectos productivos.

La cuestión central es contar con estudios de impacto ambiental, información sobre el uso del suelo, mecanismos de participación vecinal y compromisos verificables de inversión y empleo.

Una política de desarrollo responsable necesita equilibrar la actividad económica con la protección del ambiente y los intereses de los habitantes.

El astillero: una oportunidad para generar empleo y movimiento económico

Al hablar del desarrollo productivo, Lattanzio defendió la importancia del astillero de Comodoro Rivadavia y afirmó que viene impulsando esa alternativa desde 2020.

El concejal relató que durante esos años mantuvo contactos con representantes de la industria naval y participó en gestiones destinadas a recuperar la actividad.

Según explicó, la reparación y puesta en funcionamiento del astillero podría generar puestos de trabajo directos y un movimiento económico que alcanzaría a otros sectores.

Mencionó actividades como soldadura, mecánica, pintura, arenado y armado de andamios. También señaló los posibles beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y proveedores de combustible y alimentos destinados a las embarcaciones.

Lattanzio estimó que una operación plena podría ocupar entre 400 y 450 trabajadores, aunque esa cifra constituye una proyección del entrevistado y debería contrastarse con un plan operativo, inversiones confirmadas y estudios de demanda.

“Un astillero es madre de industrias”, expresó al defender el potencial de esta actividad.

La idea resulta relevante para una ciudad históricamente vinculada a los hidrocarburos. Recuperar capacidades industriales puede contribuir a ampliar las oportunidades laborales y reducir la dependencia de un único sector económico.

Pero para que esa posibilidad se transforme en una política concreta hacen falta decisiones administrativas, inversiones, infraestructura y un cronograma verificable.

El desafío consiste en convertir un proyecto productivo en una fuente sostenible de empleo y no dejarlo solamente en el terreno de los anuncios.

La causa por las viviendas del IPV: el acceso a la vivienda bajo la lupa

Durante el diálogo también se abordó una causa judicial relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de viviendas vinculadas al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Lattanzio afirmó que la denuncia se inició a partir de conversaciones con vecinos que le transmitieron sus preocupaciones. Según su relato, al principio varias personas tenían temor de presentarse públicamente, por lo que decidió impulsar la denuncia.

El concejal mencionó a alrededor de 594 personas que, según indicó, habrían resultado afectadas, y sostuvo que la investigación reunió información sobre transferencias bancarias y teléfonos celulares.

También explicó que, de acuerdo con su versión, algunas personas habrían entregado dinero con la expectativa de acceder a una vivienda o participar de un mecanismo de recuperación de unidades habitacionales.

Estos señalamientos deben entenderse como declaraciones del entrevistado sobre una investigación judicial. La cantidad definitiva de damnificados, los hechos investigados, las responsabilidades individuales y el estado procesal deben confirmarse mediante fuentes judiciales oficiales.

Corresponde preservar la presunción de inocencia de todas las personas involucradas hasta que exista una resolución judicial que determine las responsabilidades.

Más allá del avance de la causa, el tema expone un problema social profundo: las dificultades de muchas familias para acceder a una vivienda propia.

Cuando las posibilidades de obtener una solución habitacional parecen lejanas, las personas pueden quedar expuestas a propuestas engañosas o mecanismos que prometen acelerar el acceso a una casa.

Por eso, además de investigar las presuntas irregularidades, resulta fundamental fortalecer los canales oficiales de inscripción, brindar información accesible y garantizar que los procedimientos sean transparentes.

Unidos por Comodoro: la construcción de una alternativa política

En otro tramo de la entrevista, Lattanzio se refirió a su intención de avanzar con la conformación de su espacio político, Unidos por Comodoro.

El concejal señaló que necesita reunir las afiliaciones requeridas para completar el trámite y explicó que debió volver a juntar fichas debido a cambios en los requisitos que, según indicó, afectaron parte del trabajo realizado.

Manifestó que busca construir un espacio con participación de vecinos, referentes barriales y trabajadores, y expresó su intención de impulsar una alternativa política para la ciudad.

La construcción de un partido municipal tiene una dimensión que va más allá de la obtención de afiliaciones. Implica organizar una estructura, definir propuestas, establecer reglas internas y construir una representación capaz de sostenerse en el tiempo.

Desde la Ciencia Política, la aparición de nuevos espacios puede interpretarse como una expresión de la búsqueda de representación de sectores que consideran que los partidos tradicionales no responden adecuadamente a sus demandas.

Sin embargo, esa representación debe medirse por la capacidad de transformar las críticas en propuestas, equipos de trabajo y compromisos públicos verificables.

Crisis social y administración municipal: ¿cómo se utilizan los recursos?

La entrevista también incluyó una crítica al funcionamiento de la administración municipal y a la situación económica de numerosos vecinos.

Lattanzio describió dificultades para afrontar gastos cotidianos como la electricidad, el gas y la compra de una garrafa. También mencionó la necesidad de asistencia alimentaria y las condiciones de familias que sufren las consecuencias de la falta de empleo.

En ese contexto, cuestionó el gasto municipal en cargos de coordinación y actividades públicas. Sus estimaciones sobre la cantidad de funcionarios y los montos involucrados deben verificarse mediante la nómina oficial, las escalas salariales y la ejecución presupuestaria.

El planteo abre una pregunta central para cualquier gobierno local: ¿cómo se distribuyen los recursos públicos y qué prioridades se establecen?

La administración del presupuesto expresa decisiones políticas. Cada peso destinado a un área debe evaluarse en función de sus objetivos, sus resultados y las necesidades de la población.

Eso no significa que toda actividad municipal sea innecesaria ni que la asistencia social deba evaluarse únicamente por su costo. Significa que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gasta el dinero público y qué resultados produce.

Cuando existen necesidades básicas insatisfechas, el debate sobre las prioridades presupuestarias adquiere todavía más importancia.

Un contrato de transporte que condiciona a futuras gestiones

Hacia el cierre de la entrevista, Lattanzio volvió sobre el contrato del transporte público y advirtió que su duración puede condicionar las decisiones de futuras administraciones municipales.

El concejal sostuvo que sería necesario analizar las alternativas legales disponibles si la prestación no cumple con las obligaciones establecidas.

Este punto resulta relevante porque los contratos de largo plazo generan compromisos que exceden el período de una sola gestión. Por eso, antes de firmarlos o modificarlos, es fundamental evaluar sus costos, las obligaciones de las partes, los mecanismos de control y las condiciones para exigir su cumplimiento.

La discusión no debería reducirse a una disputa entre oficialismo y oposición. Lo importante es establecer si el contrato protege adecuadamente el interés público y si existen herramientas eficaces para corregir eventuales incumplimientos.

La política se mide por sus resultados

La entrevista con Omar Lattanzio dejó planteados distintos interrogantes sobre el presente y el futuro de Comodoro Rivadavia: el transporte público, el costo de vida, las obras de infraestructura, la diversificación económica, el acceso a la vivienda y el uso de los recursos municipales.

Desde la Ciencia Política, estos temas tienen un punto en común: la relación entre las decisiones del Estado y sus consecuencias sobre la vida cotidiana.

Las declaraciones de un concejal constituyen una posición política que debe ser escuchada, pero también contrastada con documentación, presupuestos, contratos, informes técnicos y fuentes oficiales.

La misma exigencia debe aplicarse al oficialismo, a la oposición y a las empresas que prestan servicios públicos.

Una ciudad no se transforma solamente con anuncios ni con discusiones partidarias. Necesita planificación, controles, inversión, transparencia y mecanismos para que los ciudadanos puedan evaluar los resultados.

En Comodoro Rivadavia, la pregunta sigue abierta: ¿las decisiones que se toman están resolviendo los problemas de los vecinos o están trasladando sus consecuencias hacia el futuro?

Esto es Momento Político: acá no solo leemos títulos, sino que los analizamos.

Por el Lic. en Ciencia Política Antonio “Tony” Gallardo

Fuentes y referencias para profundizar

• Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia: información institucional sobre las decisiones vinculadas al transporte público y los convenios de prestación.

• Pamela Cáceres, “La rendición de cuentas en el nivel local como instrumento para la democratización”, revista Estado Abierto, INAP. Aporta herramientas conceptuales para analizar la transparencia, la participación y el control ciudadano.

• Robert Dahl: sus estudios sobre democracia, participación y control del poder permiten analizar la relación entre representantes, instituciones y ciudadanía.